Planificación de la justicia ambiental/SB 1000

Obtenga más información sobre los esfuerzos del Air District por promover una planificación comunitaria saludable y ayudar a las ciudades y los condados del Área de la Bahía con la incorporación de políticas de justicia ambiental en las actualizaciones de sus planes generales.

El documento de orientación de Planificación de lugares sanos del Air District alienta a los gobiernos y desarrolladores locales a abordar y minimizar los posibles problemas de contaminación del aire de manera oportuna en la planificación y el proceso de desarrollo del uso de suelo.

De conformidad con el Proyecto de Ley 1000 del Senado, el Air District también brinda información, recomendaciones y herramientas técnicas para ayudar a las ciudades y los condados a incorporar las "mejores prácticas" para las políticas de justicia ambiental en sus procesos de planificación general sobre la calidad del aire y las consideraciones relacionadas de los impactos en la salud comunitaria.

A pesar de las enormes mejoras en la calidad del aire, algunas comunidades en el Área de la Bahía aún experimentan niveles más altos de contaminación del aire que otras y, por lo tanto, incidencias más altas de efectos negativos para la salud. El Programa de Evaluación de Riesgo del Aire en la Comunidad (Community Air Risk Evaluation, CARE) del Air District ha buscado identificar estas áreas impactadas de forma desproporcionada y destinar recursos en estas áreas para reducir las emisiones locales y la exposición pública.

El SB 1000 también se alinea con otras iniciativas actuales de planificación a nivel estatal, como el Proyecto de Ley de la Asamblea (Assembly Bill, AB) 617, que aumenta los esfuerzos para reducir las cargas de contaminación desproporcionada en estas comunidades. El Air District toma la iniciativa de apoyar ambos esfuerzos al trabajar junto con las partes interesadas de la comunidad para identificar las políticas específicas y los objetivos de planificación de uso de suelo que pueden vincular la planificación local con los objetivos regionales de salud y de protección climática.

SB 1000

A pesar de que muchas ciudades y condados han considerado la justicia ambiental y la equidad social como problemas importantes desde hace mucho tiempo, anteriormente, la ley estatal no había exigido la consideración de los problemas de justicia ambiental como una parte de la planificación comunitaria. En algunos casos, esto ha dado lugar a prácticas discriminatorias de uso de suelo que han dado lugar a fuentes de contaminación, como la industria, las carreteras o las instalaciones de carga cerca de casas y escuelas y en los patios de las comunidades más desfavorecidas. En consecuencia, es más probable que las comunidades de bajos ingresos y las de color sufran de exposición a químicos tóxicos, lo cual da lugar a tasas más altas de asma, enfermedades cardiovasculares y cánceres que en las comunidades más acomodadas.

En 2016, la Legislatura aprobó el Proyecto de Ley 1000 del Senado: Uso de suelo: planes generales: seguridad y justicia ambiental (Leyva, Capítulo 587) que exige a las ciudades y los condados con comunidades desfavorecidas* incorporar políticas de justicia ambiental en sus planes generales, ya sea como un elemento independiente o al integrar objetivos, políticas y metas relacionados en los otros elementos. Esta actualización o enmienda (si el gobierno local ya tiene metas, políticas y objetivos de justicia ambiental) debía ocurrir con la adopción o siguiente enmienda de dos o más elementos simultáneamente a principios de 2018.

Actualmente, se exige a todas las jurisdicciones que identifiquen a las comunidades con bajos ingresos que se ven afectadas de manera desproporcionada por la contaminación y otros problemas de justicia ambiental. Una vez que se haya identificado a estas comunidades, se exige a las jurisdicciones que creen metas, políticas y objetivos para abordar un mínimo de siete problemas relacionadas con la justicia ambiental (environmental justice, EJ).

  • exposición a la contaminación (incluida la calidad del aire)
  • acceso a alimentos
  • instalaciones públicas
  • casas seguras y sanitarias
  • actividad física
  • participación “civil” (“participación comunitaria”)
  • la priorización de las mejoras y los programas que abordan las necesidades de las comunidades desfavorecidas

Estos nuevos requisitos legislativos son de conformidad con los principios de la buena planificación y la obligación de que los planificadores busquen la equidad y garanticen una mayor inclusión de todas las personas en la toma de decisiones públicas.

La planificación de la justicia ambiental está incorporada en el Código de Ética y Conducta Profesional del Instituto Estadounidense de Planificadores Certificados (American Institute of Certified Planners, AICP). El marco de la planificación de la justicia ambiental tiene la intención no solo de rectificar impactos ambientales injustos pasados en las comunidades desfavorecidas, sino que también genera enfoques significativos de planificación positiva para lograr resultados mejorados de salud y equidad para la comunidad.

*A efecto del SB 1000, “comunidades desfavorecidas" se refiere a un área que la Agencia de Protección Ambiental de California identifique de conformidad con la Sección 39711 del Código de Salud y Seguridad O un área de bajos ingresos que se ve afectada de manera desproporcionada por la contaminación ambiental y otros peligros que pueden dar lugar a efectos negativos sobre la salud, la exposición o el deterioro ambiental (Sección 65302 (h)(4)(A) del Código de Gobierno). Asimismo, el estatuto define un “área de bajos ingresos” como “un área con ingresos familiares menores del 80 por ciento del ingreso promedio estatal O con ingresos familiares menores del umbral designado como ingreso bajo por la lista del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los límites de ingresos estatales adoptada de conformidad con la Sección 50093”. (Sección 65302 (h)(4)(C) del Código de Gobierno).  

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Andrea Gordon
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Last Updated: 17/04/2020